La agencia de calificación Standard & Poor’s ha decidido este viernes mejorar la nota crediticia de España, una decisión que sitúa al país en una nueva posición dentro del mapa financiero europeo. El movimiento refleja una valoración positiva de los cambios estructurales y del comportamiento del sector privado durante la última década, aunque deja claro que persisten riesgos fiscales y políticos que pueden condicionar el recorrido.
El ascenso en la calificación llega acompañado de un análisis detallado sobre crecimiento, empleo y balanza externa, así como de las condiciones que podrían revertir esta mejora. A continuación desglosamos las razones principales de la revisión, los factores que sostienen la economía española y los riesgos que S&P advierte sobre la sostenibilidad fiscal.
S&P eleva la nota de la deuda española: qué significa A+ con perspectiva estable
La firma estadounidense ha subido la calificación de España de ‘A’ a ‘A+’, manteniendo una perspectiva estable. Según el comunicado, este ajuste reconoce una mejora apreciable en la posición financiera externa del país y en su resiliencia frente a choques económicos. S&P destaca que la economía ha reducido su vulnerabilidad a cambios bruscos en el acceso a financiación internacional, gracias principalmente a decisiones del sector privado y al dinamismo de las exportaciones.
Motor del avance: exportaciones, reducción de deuda privada e inmigración
Varios elementos han contribuido al ascenso de la calificación. Entre ellos, S&P pone en valor:
- Menor endeudamiento del sector privado: familias y empresas han recortado niveles de deuda en la última década, lo que mejora la estabilidad financiera general.
- Impulso exportador: las ventas al exterior, especialmente en servicios de mayor valor añadido, han aumentado la diversificación y reducido la dependencia del turismo.
- Flujos migratorios y inversión: la llegada de inmigración (en particular desde América Latina), junto con un mayor ritmo inversor, ha potenciado el empleo y la demanda interna.
Como resultado, los analistas de S&P estiman que el PIB español crecerá alrededor de un 2,6% este año, una tasa que sitúan en torno al triple del crecimiento previsto para la zona euro. El paso hacia una economía de servicios más cualificada también se valora positivamente por su menor exposición a medidas arancelarias sobre bienes.
Exposición internacional y protección frente a aranceles
En su evaluación, la agencia subraya que la estructura económica española —con un elevado peso de los servicios— reduce la sensibilidad ante aranceles sobre mercancías. Además, la limitada dependencia comercial de Estados Unidos ofrece un colchón adicional frente a tensiones comerciales que pudieran afectar los flujos de bienes.
Factores que condicionan la nota: deuda pública y presiones sobre el gasto
A pesar de la mejora en la calificación, S&P advierte que persisten desafíos significativos. La deuda pública permanece en niveles elevados: en junio alcanzó un récord de más de 1,69 billones de euros, equivalente al 103,4% del PIB. La agencia señala que presiones adicionales sobre el gasto podrían provocar desviaciones presupuestarias que erosionen la trayectoria fiscal.
Condiciones que podrían llevar a una rebaja
- Deterioro en las cuentas públicas que revierta la mejora reciente en la dinámica de la deuda.
- Un empeoramiento de la balanza por cuenta corriente que reduzca los superávits externos.
- Escenarios de elevada fragmentación política que impidan implementar ajustes fiscales necesarios.
Qué ascenso exigiría la agencia
S&P indica que una mejora adicional de la nota dependería de una reducción más rápida del ratio deuda/PIB, por ejemplo mediante una consolidación presupuestaria más ambiciosa que acelerase la caída del endeudamiento público.
La política como riesgo: presupuestos, reformas y escándalos
La calificadora relaciona la limitada reducción del déficit con la falta de apoyo parlamentario para aprobar cuentas públicas más exigentes. En su informe apunta que la ausencia de una rebaja más decidida del déficit ha hecho que la disminución de la deuda sea comparativamente menor que en otros países europeos con políticas fiscales más activas.
- No se han aprobado presupuestos generales desde 2023, lo que ha mantenido el ajuste fiscal en niveles contenidos pese al fuerte crecimiento económico.
- La fragmentación del parlamento podría complicar la aprobación de las cuentas para 2026 y frenar reformas estructurales clave.
- Recientes acusaciones de corrupción vinculadas a personas próximas al Ejecutivo incrementan la percepción de riesgo político y la vulnerabilidad del gobierno a la hora de asegurar apoyos.
Medidas recientes del Gobierno y su impacto sobre la calificación
En los últimos meses, el Ejecutivo ha impulsado varias iniciativas fiscales y legislativas que la agencia evalúa con matices. Entre las acciones citadas se encuentran:
- La reforma del impuesto de Sociedades orientada a elevar la tributación mínima a grandes multinacionales, en línea con acuerdos de la OCDE.
- Medidas vinculadas a la gestión de los fondos Next Generation EU.
- Concesiones políticas a fuerzas territoriales, como la aprobación de una ley de amnistía para dirigentes catalanes y la reestructuración de deuda autonómica, destinadas a asegurar el apoyo parlamentario a la coalición.
S&P valora algunas de estas reformas fiscales, pero también interpreta las concesiones políticas como un factor que podría limitar una consolidación presupuestaria más intensa si el objetivo es mantener estabilidad de coalición.
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Nuria Requena es una periodista especializada en economía y finanzas. Sus artículos ofrecen una visión clara de los mercados, el empleo y las empresas, con explicaciones sencillas y útiles para el lector.
