El último informe del Ministerio de Sanidad revela un ligero repunte en las interrupciones voluntarias del embarazo en España durante 2024, consolidando una senda al alza iniciada en 2020. Los datos, presentados por la ministra Mónica García, muestran matices importantes sobre quién realiza estas intervenciones, en qué momento del embarazo y qué perfil tienen las mujeres que las solicitan.
Los números permiten observar tanto avances en la atención pública como desigualdades territoriales y desafíos en prevención sexual. A continuación se desgranan las cifras más relevantes y las claves que están marcando el debate sanitario en torno al aborto en el país.
Totales y evolución: ¿más abortos en 2024?
En 2024 se comunicaron un total de 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España, lo que supone un incremento del 2,98% respecto al año anterior. La tasa general se sitúa en 12,36 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, una cifra apenas superior al 12,22 de 2023, pero que confirma la tendencia ascendente registrada desde 2020.
El informe también indica que fueron 248 los centros que notificaron IVE, frente a 230 en 2023, un dato que refleja una mayor notificación o implicación de servicios en la registración de estos procedimientos.
Red pública versus privada: reparto y cambios recientes
La mayoría de las interrupciones continúan realizándose en la red privada: el 78,7% de los casos, frente a un 21,3% en centros públicos. No obstante, la actividad en hospitales y centros dependientes del sistema público aumentó en 2024.
- Centros públicos: 30.900 IVE (2.363 más que en 2023).
- Centros privados: 83.609 IVE (563 menos que en 2023).
La ministra subrayó que estos movimientos indican que la sanidad pública está ganando peso en la garantía del derecho, aunque advirtió que el crecimiento aún no es suficiente para eliminar desigualdades entre comunidades autónomas.
Desigualdades territoriales: comunidades con mayor y menor presencia pública
El documento muestra marcadas diferencias por región. En varias comunidades el sector privado concentra casi la totalidad de los procedimientos, mientras que en otras predomina la atención pública.
- Predominio del sector privado: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, con porcentajes próximos al 100%; en Extremadura, Ceuta y Melilla la práctica se acerca a la totalidad en centros privados.
- Mayor presencia pública: Baleares (61,30% en red pública), Cantabria (88,49%), Cataluña (55,67%), Galicia (77,02%), Navarra (74,82%) y La Rioja (76,11%).
García puso como ejemplo la Comunidad de Madrid: en la última década se registraron más de 162.000 IVE, pero apenas 177 tuvieron lugar en hospitales públicos, un dato que, en su opinión, contraviene la ley aprobada en 2023 y evidencia la necesidad de planes autonómicos más ambiciosos.
Edad y distribución: suben las interrupciones entre las menores de 20 años
El informe detecta variaciones por edades: la tasa creció en casi todos los grupos etarios, salvo entre las mujeres de 20 a 24 años y de 25 a 29 años. Los mayores aumentos en incidencia por cada 1.000 mujeres se dieron en los tramos de 35–39 años (+0,23 por mil) y 30–34 años (+0,16 por mil).
Destaca el incremento entre las jóvenes: 11.699 abortos en menores de 20 años durante 2024 frente a 10.934 en 2023, lo que equivale a un aumento aproximado del 7%. Su participación en el total de IVE subió del 9,14% al 11,01%.
Participación por grupo de edad (porcentaje del total)
- 15–19 años: 10,68%
- 20–24 años: 23,27%
- 25–29 años: 21,84%
- 30–34 años: 19,83%
- 35–39 años: 15,99%
- 40–44 años: 7,34%
Por comunidades, la tasa más elevada se registró en Cataluña (14,89), seguida de Baleares (13,87) y la Comunidad de Madrid (13,56).
Motivos, semanas de gestación y recurrencia
La gran mayoría de las interrupciones correspondieron a la decisión voluntaria de la mujer: 94,62%. El resto se distribuye entre supuestos médicos que incluyen:
- 2,65% por grave riesgo para la vida o la salud de la gestante.
- 2,44% por riesgo de graves anomalías fetales.
- 0,28% por anomalías incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves.
En cuanto al momento en el embarazo en que se practicó la IVE:
- 76,58% se realizaron antes de las 8 semanas.
- 19,14% entre la semana 9 y la 14.
- 4,11% entre la semana 15 y la 22.
- 0,15% a partir de la semana 23.
Además, dos de cada tres mujeres interrumpieron su embarazo por primera vez: el porcentaje de IVE en primer episodio fue del 67,6%, ligeramente superior al 66,99% de 2023.
Métodos empleados: farmacológico y quirúrgico
El método farmacológico —la administración de fármacos autorizados— sigue ganando presencia, sobre todo en la sanidad pública:
- Actuaciones farmacológicas en la red pública: 21.320.
- Actuaciones farmacológicas en la red privada: 12.772.
- Proporción global que optó por este método: 31%.
No obstante, el procedimiento quirúrgico continúa siendo el más frecuente, con especial predominio en centros privados y extrahospitalarios, donde se concentraron más de 63.000 actuaciones en 2024.
Perfil socioeconómico y uso de anticonceptivos
El estudio ofrece una radiografía del perfil de las mujeres que solicitaron IVE:
- 28,9% convivían en pareja.
- 7,71% vivían solas (con o sin hijos).
- 57,98% estaban empleadas por cuenta ajena.
- 17,09% se identificaban como estudiantes.
- 36,26% tenían estudios equivalentes a Bachillerato o Ciclos de FP completos.
- 64,54% contaban con nacionalidad española.
Un dato relevante para la prevención: en el 49% de los casos, la IVE se produjo tras una relación sin método anticonceptivo, lo que representa más de 52.000 interrupciones. Ante esta realidad, la ministra destacó la necesidad de reforzar la educación sexual y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos.
Medidas y propuestas: prevención y acceso
El Ministerio anunció iniciativas orientadas a reducir barreras y priorizar la prevención. Entre ellas figura la distribución gratuita de preservativos a jóvenes de 16 a 22 años a través de farmacias. Además, Sanidad ha adelantado que exigirá a las comunidades planes concretos para incrementar la oferta pública y corregir desigualdades territoriales.
La combinación de datos —aumento general, mayor presencia pública relativa, incremento entre las menores y la elevada proporción de relaciones sin anticoncepción— dibuja un panorama en el que la política sanitaria deberá equilibrar la garantía del derecho con estrategias de prevención y acceso efectivo.
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Inés Redondo es una periodista especializada en salud y bienestar. Explica de manera sencilla los avances médicos y comparte consejos prácticos para mejorar la calidad de vida.
