UGT y CC OO han fijado ya su línea de negociación para el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026: proponen un incremento mensual de 89 euros que situaría la cuantía en 1.273 euros brutos al mes, en 14 pagas, lo que supone 17.822 euros brutos anuales. La oferta sindical llega cuando apenas queda un mes para cerrar el año y abre de nuevo el debate sobre fiscalidad, complementos y la capacidad negociadora del Ejecutivo.
Las centrales insisten en que este aumento no puede diluirse por el pago de complementos —como la nocturnidad, peligrosidad o pluses por idiomas— y reclaman que el nuevo SMI quede sujeto al IRPF para evitar diferencias fiscales entre trabajadores con salarios próximos. La propuesta se presentó públicamente a finales de noviembre y promete tensar de nuevo la mesa política sobre empleo y redistribución.
Detalles de la propuesta sindical y cifras clave para 2026
En una comparecencia conjunta, los representantes de UGT y CC OO expusieron su propuesta para el SMI del próximo año. Los puntos más relevantes son:
- Aumento de 89 € al mes, hasta 1.273 € brutos mensuales en 14 pagas.
- Total anual: 17.822 € brutos.
- Incremento porcentual reclamado: 7,5%, superior a la inflación actual.
- Exigencia de que el alza no sea absorbida por complementos como nocturnidad, peligrosidad o pluses profesionales.
- Planteamiento de que el SMI esté sujeto al IRPF para evitar diferencias fiscales entre salarios similares.
Por qué los sindicatos piden que el SMI tribute
La demanda de aplicar el IRPF al salario mínimo parte de un argumento de equidad fiscal: no consideran justo que un trabajador cobren exactamente lo mismo que otro pero uno quede exento y el otro no por un margen salarial reducido. Según la argumentación sindical, mantener el SMI fuera del impuesto fue una medida de emergencia en un contexto de gran precariedad, pero ahora debe revisarse.
Impacto estimado en la nómina
- Según los cálculos presentados por los sindicatos, el alza neta sería menor que el bruto: el aumento neto sería de alrededor del 2,7%, lo que dejaría el salario en unos 1.216 € netos al mes.
- El resto del incremento (aprox. 4,8%) se iría a Hacienda, según la misma estimación.
El choque político que se quiere evitar (y que puede repetirse)
La última revisión del SMI desató una disputa pública entre altos cargos del Gobierno, y los sindicatos parecen querer anticiparse a una nueva confrontación. La pugna recordó la fricción entre la entonces ministra de Trabajo y la responsable de Hacienda, que terminó con mediación del presidente. Para evitar que la cuestión fiscal provoque otra fractura, la titular de Trabajo ha solicitado al comité de expertos que elabore dos escenarios: uno que contemple la tributación del SMI y otro que mantenga la exención.
Actores en el conflicto
- Representantes sindicales (UGT y CC OO): piden incremento y tributación del SMI.
- Ministerio de Trabajo: busca fórmulas que protejan rentas bajas y eviten crisis internas.
- Ministerio de Hacienda: plantea la necesidad de gravar las rentas para la sostenibilidad fiscal.
- Empresarios: rechazan la limitación de la absorción por complementos y alertan sobre costes laborales.
- Comité de expertos: encargado de preparar alternativas técnicas para el Ejecutivo.
La modificación del real decreto y la prohibición de absorciones
Otro punto clave en la negociación es la intención sindical de cambiar el marco legal para impedir que las empresas reduzcan otros conceptos salariales cuando se suba el SMI. Los sindicatos sostienen que sin esa protección, el incremento quedaría en gran parte neutralizado por la práctica de absorción, que permite a las empresas compensar subidas con la supresión o recálculo de complementos.
- Objetivo sindical: reformular el real decreto para limitar la absorción y garantizar que el aumento llegue íntegro a la nómina de los trabajadores.
- Posición empresarial: rechazo frontal, alegando aumento de costes y rigidez en la negociación colectiva.
- Procedimiento legal: fuentes sindicales indican que la modificación no requeriría necesariamente tramitación congresual para su aplicación administrativa.
Calendario, próximas etapas y riesgos políticos
El proceso que viene incluye varias fases que deberán resolverse antes de fijar oficialmente el SMI de 2026:
- El comité de expertos elabora dos recomendaciones (con y sin tributación).
- El Gobierno valora los informes y abre la negociación con sindicatos y patronal.
- Posible decisión ejecutiva o necesidad de acuerdo parlamentario si hay cambios normativos relevantes.
En caso de que primen posturas enfrentadas, existe el riesgo de recrear tensiones internas en el Ejecutivo y de que la patronal eleve la confrontación social. Por su parte, los sindicatos advierten que cualquier recurso para evitar la subida real del salario comprometería la lucha contra la pobreza laboral.
Reacciones previstas y efectos en el mercado laboral
Analistas y actores sociales ya visualizan varios efectos en función de la solución que adopte el Gobierno:
- Si se aplica el IRPF al SMI: mayor recaudación pero menor incremento neto para los beneficiarios; discusión pública sobre equidad.
- Si no se grava: subida más perceptible en las nóminas pero mayor coste fiscal y debate sobre sostenibilidad.
- Si se prohíbe la absorción: garantía de mejora real de salarios bajos y tensiones con la patronal por impacto en costes.
Mientras UGT y CC OO defienden su propuesta como una apuesta por dignificar las remuneraciones más bajas, la mesa de diálogo social y el propio Ejecutivo se preparan para calibrar el alcance real de cada alternativa y sus consecuencias económicas y políticas.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
