Una denuncia anónima encendió las alarmas: aguas negras sin depurar que desembocaban en un canal de riego y un asentamiento de caravanas levantado en un suelo no urbanizable y proclive a inundaciones en la Vega Baja del Segura, Alicante. La Guardia Civil, a través de su unidad de protección de la naturaleza, ha puesto en marcha una investigación que ya ha sacado a la luz un complejo que funcionaba como núcleo residencial ilegal con múltiples servicios.
Lo que en apariencia podía parecer un conjunto ordenado de viviendas móviles —con calles asfaltadas, instalaciones de ocio y suministros conectados— ahora está bajo la lupa por presuntas infracciones urbanísticas, ambientales y de seguridad. Las pesquisas han avanzado hasta identificar a decenas de implicados y levantar cargos por delitos contra la ordenación del territorio.
Cómo se descubrió el asentamiento y qué hallaron los agentes
La investigación comenzó cuando una persona anónima alertó a las autoridades sobre un vertido en un canal utilizado para desaguar el exceso de riego. Tras la comprobación inicial, los especialistas del Seprona documentaron el origen del vertido: un complejo de mobile homes erigido sin permisos en una parcela inundable.
- Se localizaron aproximadamente 60 viviendas móviles instaladas en la finca.
- El terreno no contaba con la clasificación urbanística adecuada y está catalogado como susceptible de inundación.
- Se realizó un informe pericial que concluyó que el agua vertida podía alterar gravemente el equilibrio natural y poner en riesgo la actividad agrícola colindante.
Instalaciones y servicios: un complejo “semiurbano” fuera de la ley
Los agentes describen el lugar como un núcleo con elementos propios de un pequeño núcleo urbano, aunque carecía de autorización. Entre las infraestructuras detectadas figuraban una recepción, un bar-restaurante y calles pavimentadas que daban acceso a las parcelas.
Servicios y añadidos detectados
- Piscinas y zonas deportivas.
- Sanitarios, duchas y fregaderos conectados a redes de suministro.
- Viviendas con ampliaciones: porches, terrazas y garajes adosados.
- Suministros de agua, electricidad y evacuación de aguas aparentemente operativos.
Además, constaba que alrededor de 60 personas estaban empadronadas en la misma dirección, y que la explotación del recinto buscaba una continuidad mediante adquisiciones colindantes y la creación de nuevas sociedades para camuflar la actividad.
Impacto ambiental y agrícola por el vertido de aguas
El informe técnico encargado por la investigación subraya que el vertido de aguas sin depurar tiene potencial para producir daños directos sobre los cultivos y cambiar las condiciones del acuífero y los cauces menores de la zona. Los agentes han calificado este hecho como una amenaza real para los usos agrícolas tradicionales de la Vega Baja.
- Posible contaminación de canales de riego.
- Riesgo de propagación de patógenos y nutrientes que alteran suelos.
- Incremento del peligro en episodios de lluvias fuertes por estar en una parcela inundable.
Personas investigadas, cargos y procedimientos abiertos
En los últimos dos años, la operación —denominada internamente por la Guardia Civil como Operación Castramar— ha identificado e investigado a una veintena de personas con edades comprendidas entre los 35 y los 88 años. Los implicados están vinculados a la gestión del complejo, la titularidad de la parcela y la titularidad de las viviendas.
- Todas las personas investigadas han sido imputadas por delitos relativos al urbanismo.
- Dos de los investigados enfrentan además cargos por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
- El caso ha sido remitido al juzgado competente, donde continuará la instrucción.
Medidas administrativas y pasos siguientes en la restitución del terreno
El ayuntamiento competente ha dictado una resolución de cierre de la actividad, aunque su ejecución aún está pendiente. Paralelamente, las autoridades de protección del territorio de la Generalitat Valenciana han sido avisadas para coordinar las labores de recuperación ambiental y la restauración del paisaje alterado, conforme a la normativa vigente.
Acciones previstas por las administraciones
- Procedimiento administrativo para el cese de la actividad y precinto del lugar.
- Evaluación técnica para la restauración del suelo y control de vertidos.
- Revisión de empadronamientos y regularización de situaciones administrativas de los residentes.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
