La Sala Penal del Tribunal Supremo ha modificado la pena impuesta a una madre por grabar y compartir una conversación telefónica con sus hijos menores, y ha considerado a estos últimos como víctimas directas del delito. La decisión eleva la sanción hasta dos años y medio de prisión y una multa de 2.700 euros, al entender que se vulneraron derechos básicos de privacidad de los menores cuando la grabación llegó a un grupo de WhatsApp de la clase.
El caso, que se remonta a la primavera de 2021 y que llegó a los tribunales de la provincia de Cuenca antes de acabar en el Alto Tribunal, plantea preguntas sobre la protección de comunicaciones íntimas, la responsabilidad de los progenitores y los límites de la difusión digital entre contactos escolares.
Cómo ocurrieron los hechos y qué se compartió en WhatsApp
Según la narración aceptada por los tribunales, en abril de 2021, durante el proceso de separación de la pareja, el padre llamó por teléfono a sus hijos menores. Sin el consentimiento de los participantes, la madre grabó esa conversación y la remitió esa misma noche a un grupo de WhatsApp compuesto por progenitores de una clase del colegio, formado por alrededor de 23 miembros.
- Fecha del suceso: abril de 2021.
- Contenido: grabación de una llamada entre el padre y los menores.
- Destino: un grupo de padres y madres de la clase del centro escolar.
- Acción posterior: la remitente borró el mensaje poco después de enviarlo.
Del juzgado de Cuenca al Tribunal Supremo: el camino judicial
El padre presentó denuncia y el caso se tramitó inicialmente en un juzgado de la provincia de Cuenca. En 2022, esa instancia condenó a la mujer a un año de prisión, una multa y a hacerse cargo de las costas procesales. La Audiencia Provincial confirmó la pena y añadió una indemnización de 500 euros al demandante.
Insatisfecho con esas resoluciones, el padre recurrió en casación ante el Tribunal Supremo alegando, entre otros motivos, que debía aplicarse la agravante por afectar a menores, lo que habría aumentado la condena.
Motivos del Tribunal Supremo para reconocer a los niños como víctimas
El Supremo reprochó a las instancias anteriores que no explicaran por qué descartaron la circunstancia agravante ligada a la condición de menores de las personas afectadas. Para los magistrados, los niños fueron «sujetos pasivos» del delito porque se lesionaron sus derechos fundamentales a la intimidad y a la confidencialidad de sus comunicaciones.
Argumentos jurídicos que sustentaron el fallo
- La vulneración de la privacidad se produjo al difundirse una comunicación privada de menores sin su autorización.
- La falta de denuncia específica por parte de los niños no impide la aplicación de la agravante cuando el progenitor, en su condición de representante legal, inicia la acción penal.
- El Tribunal subraya que, en casos que afectan a menores o a personas que requieren especial protección, corresponde al representante legal o al fiscal promover la acción si los afectados no pueden valorar el conflicto.
La cuestión de la difusión: ¿bastó borrar el mensaje?
La defensa de la mujer alegó que el archivo fue enviado “por error” y que fue eliminado de inmediato del grupo. El Tribunal Supremo reconoce ese hecho probado, pero aclara que la eliminación no anula la comisión del delito, aunque sí siembra dudas sobre el propósito de difundir el contenido.
En concreto, el tribunal entendió que borrar el archivo complica probar la intención de difundir masivamente la información, por lo que se descartó aplicar el tramo penal más elevado previsto en el apartado que castiga la difusión a terceros cuando está acreditada la voluntad de propagar los datos.
Qué ley se aplicó y cómo influyó la agravante por menores
Los magistrados aplicaron el tipo penal relativo al descubrimiento y revelación de secretos contemplado en el Código Penal, y añadieron la circunstancia agravante por afectar a personas menores de edad. Esa combinación fue la que motivó el incremento de la pena hasta 2 años y medio de prisión y la subida de la multa a 2.700 euros.
- Delito analizado: descubrimiento y revelación de secretos.
- Agravante aplicada: víctimas menores de edad.
- Resultado: incremento de la pena y de la multa respecto a las resoluciones anteriores.
Indemnización económica y límites de la casación
El recurrente también impugnó la cuantía de la indemnización de 500 euros impuesta por la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo señaló que la fijación de la compensación corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia y que, salvo que resulte manifiestamente desproporcionada, no procede su alteración en la vía de casación penal.
Por tanto, la cuestión de la indemnización quedó en manos del juzgado de origen y no fue modificada por el Alto Tribunal en este pronunciamiento.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
