La Fiscalía de Vizcaya ha presentado una petición poco habitual en un caso que conmocionó a Bilbao: solicita una reducción de pena para el conductor que arrolló mortalmente a un peatón mientras llevaba a su hija de 14 meses, en estado crítico, al servicio de urgencias. La medida busca aplicar una defensa parcial basada en el “estado de necesidad”, lo que ha reavivado el debate sobre hasta qué punto una emergencia personal puede justificar un comportamiento que puso en riesgo a terceras personas.
Para la acusación, los hechos son constitutivos de delito, pero concurren circunstancias que, según el ministerio público, atenúan la responsabilidad. La petición fiscal y los detalles del suceso dejan sobre la mesa una tensión entre la compasión por la suerte del menor y la obligación de proteger la seguridad vial y la vida de los peatones.
Qué pide la Fiscalía y cómo fundamenta la reducción de pena
En el escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía reclama la imposición de dos años de prisión por conducción temeraria y homicidio imprudente por vehículo a motor, al tiempo que propone la aplicación de la atenuante conocida como “estado de necesidad”. Según la acusación, el conductor actuó de forma ilícita, pero lo hizo dominado por la urgencia de salvar a su hija, lo que justificaría una rebaja en la responsabilidad penal.
La Fiscalía explica que, pese a admitir la ilicitud de la conducta, existen motivos para considerar una atenuación similar a las que se reconocen en procesos donde la capacidad de decisión está gravemente comprometida. No obstante, subraya que ello no exonera completamente de culpa ni evita la imposición de pena.
La secuencia de los hechos: emergencia familiar y exceso de velocidad
Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2022. El conductor, entonces de 32 años, salió con su esposa y su hija de 14 meses desde Loiu con destino al centro médico IMQ en Zorrozaurre, Bilbao, porque la niña presentaba fiebre alta. Durante el trayecto la situación empeoró de forma brusca: la pequeña sufrió convulsiones y problemas respiratorios, lo que llevó a que su madre se trasladara al asiento trasero para sujetarla.
Velocidades registradas y puntos del recorrido
- Avenida Enekuri: empeoramiento del estado de la niña y primer episodio de convulsiones.
- Tramo de aproximación: el vehículo alcanzó 195,5 km/h en una zona donde el límite es muy inferior.
- Interior del túnel de Bernaola: se detectaron 189,4 km/h con un límite de 60 km/h.
- Calle Morgan: nunca descendió por debajo de los 100 km/h en tramos con límite de 30 km/h.
Según el relato fiscal, el conductor interpretó por lo visto que la vida de su hija corría peligro y decidió acelerar para alcanzar el servicio médico cuanto antes, superando con creces los límites y los márgenes de seguridad.
El impacto, la víctima y el desenlace
Tras rebasar a un vehículo detenido y cruzar la mediana en un viaducto, el turismo perdió el control al tomar una curva a izquierdas. El automóvil se elevó y quedó suspendido en el aire antes de chocar contra vegetación y una farola, terminando su trayectoria en la zona peatonal de la calle Ballets Olaeta, donde transitaban varias personas.
Entre los viandantes se encontraba Joseba Larrondo, de 57 años, que regresaba del estadio de San Mamés tras un partido del Bilbao Athletic. Varios peatones lograron apartarse, pero Larrondo fue alcanzado por el vehículo y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le costó la vida en pocos minutos. Sus familiares, incluida la madre y la hermana, están personados en la causa como parte interesada.
Responsabilidades, sanciones reclamadas y daños materiales
La Fiscalía solicita, además de la pena privativa de libertad, otras medidas dirigidas a reparar los efectos del siniestro y a limitar la capacidad del autor para volver a conducir:
- Prohibición de conducir por un periodo de 2,5 años.
- Reparación de los daños al mobiliario urbano: petición de 6.200 euros a favor del Ayuntamiento de Bilbao.
- Calificación jurídica: conducción temeraria por exceso de velocidad y homicidio imprudente.
El ministerio público sostiene que, aunque la urgencia justifique cierta comprensión, no puede eludir la imposición de penas proporcionales a la gravedad del resultado, en particular por el riesgo absoluto que supuso superar límites tan elevados en tramos urbanos y en un túnel.
Argumentos jurídicos y el empleo de atenuantes en casos de emergencia
La figura del estado de necesidad se invoca cuando una persona comete un ilícito para evitar un mal mayor propio o ajeno y la acción es proporcional a la amenaza. En la praxis penal esta atenuante se aplica con cautela: los tribunales examinan si existían alternativas menos lesivas y si la decisión fue razonablemente inevitable.
Aunque en muchas ocasiones la mitigación se reserva a supuestos en que la capacidad de comprensión o control está alterada —por ejemplo, episodios psicóticos o estados de incapacidad temporal—, en este caso la Fiscalía plantea que la inmediatez y gravedad del cuadro clínico de la niña constituían una presión extraordinaria que redujo la imputabilidad completa del conductor.
La resolución del tribunal deberá valorar elementos clave como:
- La proporcionalidad entre el peligro enfrentado (la condición de la menor) y el riesgo impuesto a terceros.
- La existencia o no de vías alternativas para obtener atención médica urgente.
- El grado de previsibilidad del resultado dañoso y la intensidad de la conducta imprudente.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
