La Fiscalía solicita penas de prisión y la inhabilitación para gestionar locales de ocio tras el trágico incendio que el 1 de octubre de 2023 arrasó las discotecas Teatre y Fonda Milagros en Murcia, dejando un saldo de 13 fallecidos. El documento de conclusiones provisionales, remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, pide que siete personas sean sentadas en el banquillo y reclama además la imposición de medidas para evitar que vuelvan a regentar establecimientos abiertos al público.
En el informe preliminar se relatan las causas, las modificaciones del edificio y las posibles omisiones administrativas y de seguridad que, según el fiscal, contribuyeron a la rápida propagación del fuego. Familiares de las víctimas y acusaciones particulares han presentado sus propias peticiones, que incluyen compensaciones económicas millonarias y una réplica de las penas solicitadas por la Fiscalía.
Penas pedidas por la Fiscalía y otras medidas cautelares
La solicitud del Ministerio Fiscal contempla
- penas de hasta ocho años y medio de prisión para los responsables que considere principales en la cadena de hechos.
- la inhabilitación para administrar o regentar locales abiertos al público, como medida complementaria destinada a prevenir futuros riesgos en el sector del ocio.
- la apertura de juicio oral contra siete investigados por su presunta responsabilidad en los sucesos.
Quiénes figuran como investigados y qué papel se les atribuye
En el sumario provisional la Fiscalía apunta a siete personas concretas por distintos cometidos en la gestión y organización de las actividades que se desarrollaban en el inmueble:
Lista de investigados y funciones señaladas
- Juan Inglés Rojo —designado como administrador formal del Teatre.
- Marco Martínez —calificado por el fiscal como administrador de facto, encargado de la gestión diaria y de decisiones operativas.
- Eva María Martínez —responsable de la dirección del Teatre.
- Daniel Ramírez —administrador del local contiguo, Fonda Milagros.
- Carlos R. —organizadora/organizador del evento “We Are Remember” celebrado aquella noche.
- Alfonso G. —propietario de las máquinas de efectos pirotécnicos de tipo “cold-fire”, consideradas origen técnico del incendio.
- Carlos J.F. —ingeniero autor del proyecto que dividió el edificio industrial en dos unidades.
Cargos formales: homicidio imprudente, lesiones y delitos contra la seguridad laboral
El fiscal Antonio Jesús Vivo, en un documento de más de sesenta páginas, atribuye a los investigados una batería de delitos y faltas administrativas:
- 13 diligencias por homicidio imprudente, por las muertes ocurridas durante el siniestro.
- 12 cargos por lesiones por imprudencia, dirigidos a personas que resultaron heridas.
- un delito relativo a la protección de la vida, la integridad física y la seguridad de los trabajadores.
- numerosas infracciones de normas de seguridad y de la normativa administrativa aplicable a locales de público.
En el relato de los hechos, la Fiscalía sitúa el origen técnico en el uso de dos máquinas generadoras de chispas (efectos tipo “cold-fire”) y critica que su titular no adoptó precauciones adecuadas para su empleo en un espacio cerrado y con público.
Modificaciones del edificio y falta de autorizaciones administrativas
El informe subraya que el edificio había sufrido transformaciones desde que se adquirieron los locales, entre ellas la división en dos unidades en 2017. Esa actuación, según la Fiscalía, se ejecutó sin la debida supervisión administrativa y favoreció la propagación del fuego entre ambos negocios.
- La separación física del inmueble y las obras vinculadas alteraron recorridos, compartimentación y medios de evacuación.
- El proyecto de división fue impulsado por Marco Martínez y firmado por el ingeniero señalado en la causa, sin que conste la tramitación completa de permisos.
- El resultado, según el fiscal, fue un mayor riesgo para los ocupantes y una rápida extensión del incendio que acabó siendo letal.
Elementos probatorios y atribución de negligencia
En la exposición de motivos el Ministerio Público analiza:
- la cadena causal entre el uso de los efectos pirotécnicos y el origen del fuego;
- la ausencia de medidas de prevención por parte del propietario de las máquinas;
- la conducta de la dirección y de quienes gestionaban el local, a quienes la Fiscalía considera responsables de una grave omisión en su deber de cuidado.
El fiscal considera que los imputados eran conscientes del riesgo que sus actividades suponían y que, pese a ello, no adoptaron las medidas exigibles para proteger a clientes y trabajadores.
Reclamaciones de las acusaciones particulares: indemnizaciones y réplica a las penas
Las familias de las víctimas y otras partes afectadas han presentado escritos ante el juez investigador. Los abogados que actúan como acusación particular han pedido:
- la imposición de penas de cárcel similares a las solicitadas por la Fiscalía.
- compensaciones económicas que, en algunos casos, superan los millones de euros; en concreto, una demanda inicial superior a 2,4 millones de euros para las familias de tres víctimas.
- que se responsabilice de forma integral a los promotores, gestores y organizadores por el daño causado.
Los letrados José Manuel Muñoz y Pedro López Graña figuran entre quienes han elevado estas solicitudes y critican la gestión administrativa previa al siniestro.
Señalamientos al Ayuntamiento y responsabilidad en la supervisión
Las acusaciones también apuntan al control municipal por permitir que, durante años, el local funcionara en situación irregular. Entre las críticas destacan:
- la permanencia de la actividad sin una licencia clara y vigente durante largos periodos;
- procedimientos de legalización sucesivos que no evitaron la continuidad del negocio;
- inspecciones que, según los denunciantes, fueron inconclusas o ineficaces en materia de seguridad contra incendios.
Los representantes de las víctimas sostienen que la administración local estaba al tanto de deficiencias y de la situación irregular de los locales, pero no actuó con la contundencia necesaria para impedir la actividad hasta su regularización plena.
Contexto del sector: seguridad en locales de ocio y debate normativo
El caso ha reavivado el debate sobre la regulación y el control de la seguridad en el ocio nocturno en España. Organizaciones del sector y expertos han señalado que ciertas normas pueden resultar ambiguas o insuficientes a la hora de garantizar una supervisión eficaz, sobre todo cuando se trata de locales con afluencia masiva y uso de efectos técnicos.
La investigación judicial y las peticiones de las partes afectadas buscan ahora aclarar responsabilidades penales y civiles, y arrojar luz sobre fallos administrativos que, según las familias, facilitaron que una noche de fiesta terminara en tragedia.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
