La investigación judicial sobre el desastre ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el 18 de enero dejó 46 fallecidos y cerca de 120 heridos, ha revelado irregularidades en el manejo de las piezas recogidas en el lugar del siniestro. Fuentes judiciales y policiales señalan que fragmentos de vía que podrían ser clave para determinar causas fueron retirados antes de que existiera una autorización expresa del juez, lo que abre un conflicto entre la empresa pública Adif y la Guardia Civil.
El choque entre las versiones oficiales y las diligencias policiales complica la cadena de custodia de la evidencia física y podría afectar tanto al avance pericial como a la confianza pública en la investigación.
Qué encontró la Guardia Civil sobre las piezas trasladadas
Según un informe de la unidad de policía judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Córdoba fechado el 7 de febrero, técnicos de Adif trasladaron a la base de mantenimiento de alta velocidad de Hornachuelos segmentos cortos de carril y empalmes de soldadura que, según la investigación, tienen “interés para el procedimiento”. El informe detalla que esos elementos fueron cortados para su análisis técnico y sacados del lugar del accidente sin la autorización judicial prevista.
- Origen de la acción: Un responsable de la base de Hornachuelos declaró que recibió una orden verbal del jefe de zona de Adif el 22 de enero para retirar varios tramos de carril, incluidas las soldaduras.
- Fecha del traslado: El mismo testigo indicó que el movimiento se realizó entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero.
- Tipo de pruebas realizadas: En Hornachuelos se practicaron pruebas de dureza que, según los operarios, no fueron destructivas; la Guardia Civil, sin embargo, expresa dudas sobre el alcance y la trazabilidad de esos ensayos.
Detección de la ausencia en la escena y medidas posteriores
Cuando la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil regresaron al lugar el 30 de enero, constataron que faltaban piezas. Ante esa situación, enviaron un correo electrónico a Adif el 2 de febrero advirtiendo que no debía realizarse ninguna intervención en las soldaduras sin autorización previa. Al día siguiente, agentes se personaron en Hornachuelos para inventariar, precintar y poner a disposición judicial todas las piezas que allí se encontraban.
La orden judicial y la defensa de Adif
El juzgado de Montoro, por medio de la jueza que instruye el caso, reprochó formalmente a Adif en una resolución del 10 de febrero y ordenó la devolución de todo material de interés, estableciendo que cualquier actuación futura sobre las pruebas debe realizarse “bajo control judicial”. En su alegato, la empresa pública ha defendido que en la fecha del traslado no existían medidas cautelares que impidieran la actuación y que las piezas estaban “abandonadas y sin protección”, por lo que su objetivo habría sido garantizar su conservación. Adif asegura que las piezas no fueron manipuladas ni alteradas y que han permanecido “a disposición de los tribunales en todo momento”.
La Guardia Civil contradice esa versión: en su documento oficial sostiene que Adif no recibió autorización de acceso al área siniestrada hasta el 28 de enero, lo que sitúa la retirada de material fuera del procedimiento autorizado. Además, los investigadores han trasladado al juzgado dificultades para obtener la documentación técnica solicitada a la empresa en tiempo y forma.
Impacto en la cadena de custodia y en las pericias técnicas
Los expertos forenses y técnicos insisten en que la integridad de la cadena de custodia es esencial para que los peritajes tengan validez jurídica y técnica. En este caso, la mezcla de actuaciones administrativas, órdenes verbales y traslados nocturnos complica:
- La trazabilidad de cada pieza: quién la cortó, cuándo y con qué procedimiento.
- La preservación de señales microscópicas o marcas en la soldadura que puedan indicar fallo de material o de procedimiento.
- La fiabilidad de ensayos realizados sin control judicial o pericial independiente.
La Guardia Civil ha mostrado especial preocupación por la posibilidad de que actuaciones no documentadas afecten resultados de análisis metalográficos, de soldadura y de fatiga del material, todos ellos clave para esclarecer el origen del incidente.
Obstáculos administrativos y solicitudes a Adif
En sus actuaciones ante el juzgado, los agentes han expresado que la entrega incompleta o tardía de documentación técnica —planos, actas de mantenimiento, registros de soldadura y comunicaciones internas— ha entorpecido la labor investigadora. Este tipo de documentación es imprescindible para reconstruir eventos previos al siniestro y para determinar responsabilidades administrativas o penales.
Riesgos legales y repercusiones institucionales
Las discrepancias entre Adif y la Guardia Civil plantean varios escenarios con potenciales consecuencias:
- Impugnación de pruebas: si la defensa de posibles imputados alega irregularidades en la custodia, algunos peritajes podrían ser cuestionados ante el tribunal.
- Responsabilidad penal o disciplinaria: la actuación previa a la orden judicial puede dar lugar a indagaciones sobre posibles delitos de obstrucción de la justicia o a expedientes administrativos.
- Impacto en la confianza pública: la percepción de manipulación de evidencias puede socavar la transparencia en la investigación del accidente y en la gestión de la infraestructura ferroviaria.
Expertos consultados subrayan que los procesos judiciales sobre grandes siniestros combinan análisis técnicos complejos con rigidez procesal, y que cualquier fisura en la cadena de custodia se traduce en un campo de batalla entre pruebas periciales y cuestiones procedimentales.
Próximos pasos en el procedimiento judicial y técnico
Por ahora, el juzgado ha ordenado la restitución de las piezas y ha dejado claro que cualquier actuación posterior deberá realizarse con control judicial. Entre las actuaciones previstas están:
- Inventario detallado y cotejo de cada sección de carril y soldadura recuperada.
- Encargo de peritajes independientes para verificar la integridad de las pruebas y la validez de los ensayos ya realizados.
- Requerimiento formal de documentación completa a Adif y a otros agentes implicados en el mantenimiento de la vía.
Los plazos procesales y la complejidad técnica marcan el ritmo de estas tareas, mientras que el juzgado decidirá si las discrepancias detectadas afectan la marcha de la instrucción o si se abren diligencias complementarias por la posible intervención irregular en la escena.
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Álvaro Segarra es un periodista que sigue de cerca la actualidad española. Sus artículos abordan sociedad, cultura y eventos nacionales con un estilo directo que permite a los lectores comprender los temas del país.
