El pasaporte Covid ya tiene un firme detractor. El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha anunciado este viernes que recurrirá el pasaporte Covid que el Gobierno de la Junta de Andalucía exige para las visitas de familiares en el acceso a hospitales y residencias, tras lograr el aval del TSJA tras la acotación temporal de su vigencia hasta el 15 de enero, así como su pretensión de solicitar también el aval de este tribunal para los negocios del ocio nocturno y la hostelería.

Vox ha explicado que el recurso lo presentará en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales, según ha explicado por medio de una nota.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha explicado que con la fórmula jurídica elegida por este partido, “el recurso a través del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales”, se consigue que “sea mucho más rápido que el procedimiento ordinario, algo fundamental teniendo en cuenta que lo que está en juego son las libertades y los derechos de los andaluces”.

“En la rueda de prensa que ofrecimos el jueves en el Parlamento de Andalucía explicamos que nuestros servicios jurídicos estaban estudiando recurrir el pasaporte Covid y hoy podemos confirmar que así será. No vamos a tolerar que el Gobierno de Moreno Bonilla cercene las libertades y derechos fundamentales con una medida autoritaria que discrimina a los ciudadanos“, ha sostenido Gavira.

“El mal llamado pasaporte Covid se ha convertido en un mecanismo para acabar con las libertades de los españoles”, ha proseguido argumentando el portavoz parlamentario de VOX.

Además, Manuel Gavira ha explicado los contratiempos que la imposición del pasaporte Covid genera a los negocios y a sus trabajadores.

“Con el pasaporte Covid se obliga a los trabajadores de la hostelería y del ocio nocturno a actuar como policías. No se puede pretender que los trabajadores se pongan en la puerta de los restaurantes o discotecas exigiendo unos datos sanitarios que son privados”.