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Por un delito de prevaricación administrativa por la contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento de la localidad entre 2012 y 2014

Ayuntamiento de Íllora.

D. G. / Granada

La Audiencia de Granada ha corroborado las contrataciones irregulares en el mandato del exalcalde de Íllora Francisco Domene (PSOE), que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa por la contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento de la localidad entre 2012 y 2014, periodo en el que cobraron más de 88.000 euros a través de la emisión de facturas y sin que se siguiera el procedimiento legalmente establecido en materia de contratación de personal.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, también condena a los dos trabajadores a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperadores necesarios del delito de prevaricación administrativa, pues entiende la Sala que eran conocedores de lo irregular de esta situación que les permitió prestar sus servicios profesionales para el Ayuntamiento de manera ininterrumpida durante prácticamente dos años.

Para ello fraccionaron su trabajo “en multitud de facturas que se presentaban de forma periódica” y “que eran una simple formalidad sin contenido, al no reflejar el trabajo realmente realizado, por unos importes pactados, más o menos homogéneos, a modo de salario”, agrega la sentencia, donde se absuelve al tercer acusado en la causa, el interventor accidental del Ayuntamiento, que estaba acusado de un delito de prevaricación.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, se considera probado que los dos trabajadores acusados fueron, entre 2005 y 2008, técnicos de Empleo de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en Loja, perteneciente al Consorcio del Poniente granadino, del que forma parte el Ayuntamiento de Íllora, localidad donde ambos residían.

Cuando se produjo la rescisión de sus contratos, el alcalde les propuso que siguieran vinculados al Ayuntamiento para realizar diversas labores especialmente relacionadas con el fomento del empleo local; desde la tramitación de subvenciones a la organización de cursos de formación profesional o la elaboración de proyectos justificativos del destino de los fondos obtenidos.

Esta relación laboral se selló, según la Audiencia Provincial, “prescindiendo de cualquier formalidad, sin procedimiento público de contratación y con pleno conocimiento” por parte del alcalde y de los empleados de la imposibilidad que existía en el sector público en aquel momento de contratar personal de cualquier tipo, en virtud Real del Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

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