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lLega después de que la Audiencia condenara en octubre de 2019 a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán

Segunda sentencia de los ERE: cárcel para el exconsejero socialista de Empleo.

D. G. / Granada

En plena ofensiva del PSOE contra el Gobierno de PP y Cs en la Junta, con visita este sábado a Granada de Pedro Sánchez para acompañar a Juan Espadas en la presentación de su candidatura, la Audiencia de Sevilla ha emitido otra sentencia de los ERE, la referente a las subvenciones concedidas por la Junta a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). En ella, ha condenado al exconsejero socialista de Empleo, Antonio Fernández a siete años y un día de cárcel; y al ex director general de Trabajo Juan Márquez, a cuatro años y un día. 

Esta segunda sentencia de los ERE llega después de que la Audiencia condenara en octubre de 2019 a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación y José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación.

El tribunal consideró probado que Fernández y Márquez fueron “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” con que su Administración, con “absoluta falta de control”, repartió 680 millones de euros entre el 2000 y el 2009

De nuevo, el caso se centra en las ayudas directas y sin publicidad a cargo de las arcas públicas andaluzas. En el caso de Antonio Fernández, se le condena por un delito continuado de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial, en concurso con malversación. Además, le impone inhabilitación absoluta durante 17 años y 15 días, aunque lo absuelve de un delito de tráfico de influencias. 

Fernández fue ya condenado a siete años, once meses y un día de prisión y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta en la sentencia relativa al “procedimiento específico” mediante el cual eran canalizados los fondos para los ERE y ayudas investigadas.

En cuanto al ex director general de Trabajo Juan Márquez, queda condenado como autor de un delito de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, también en concurso con otro de malversación, y le impone cuatro años y un día de cárcel y diez años y un día de inhabilitación absoluta.

Otros acusados

El tribunal, condena a cinco años de cárcel y siete años de inhabilitación a la que fuera presidenta del Consejo de Administración de Acyco, Encarnación Poto; y al abogado José Miguel Caballero como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial en concurso medial con un delito continuado de malversación, mismos delitos por los que condena a tres años, seis meses y un día de prisión y a cinco años de inhabilitación absoluta al director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero.

Además, el que fuera director de la consultora Vitalia Antonio Albarracín resulta condenado como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación absoluta; mientras el que fuera consultor de Vitalia en Sevilla Jesús Bordallo es condenado como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación absoluta.

El tribunal absuelve al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación de los que fue acusado.

Por otra parte, se declara extinguida la causa contra el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, por fallecimiento en octubre de 2020. Guerrero fue uno de los principales acusados en varias causas de los ERE de Andalucía.

Por el mismo motivo, el fallecimiento, queda extinguida la la responsabilidad penal de Andrés Carrasco, incluido como intruso como ‘intruso’ en el ERE de Acyco. 

En concreto, la Dirección General de Trabajo se comprometía a sufragar el coste de una póliza cuyo importe al contado ascendía a 2.832.482,52 euros y coste aplazado de 2.951.413,84 euros, siendo los beneficiarios 36 personas, “entre los que no aparecía” la presidenta del consejo de administración “pero sí dos personas que nunca habían pertenecido a Acyco”, en concreto Andrés Carrasco, natural de El Pedroso (Sevilla), localidad otrora gobernada por Francisco Javier Guerrero, y el exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto Domingo Martínez.

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