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El interventor denuncia “dejación de funciones” con el contrato de basura

Tiempo de lectura: 5 minutos

El PP señala que esta situación “deja cerca de 50 millones de euros en manos de una empresa sin que haya mediado licitación alguna”

César Díaz y Pepa Rubia.

D. G. / Granada | 4 de febrero de 2022

El Grupo Municipal Popular critica la “irresponsabilidad” del equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Granada respecto al contrato de recogida y limpieza de basura, cuya adjudicación lleva casi un año de retraso, a pesar de que el PP dejara el pliego técnico acabado en el Área de Contratación en julio de 2021.

Esta inacción manifiesta por parte del grupo socialista ha sido desvelada por el informe negativo de la Intervención Municipal, cuyo responsable habla de que el retraso en la adjudicación es solo achacable a la administración local e incluso la tilda de “dejación de funciones”, puesto que tenían la obligación de convocar el procedimiento.  

Así lo han manifestado el portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz y la concejal Pepa Rubia en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Granada. El concejal del PP ha expuesto que, a fecha de hoy, “han transcurrido 427 días, es decir, un año, dos meses y tres días, desde que se debería haber adjudicado a una nueva empresa el servicio de basura”. Esta situación, ha criticado Díaz, “deja cerca de 50 millones de euros -46.794.520 euros- en manos de una empresa sin que haya mediado licitación alguna”.

La edil popular Pepa Rubia, por su parte, ha recordado que la información arrojada por el informe de intervención es algo que “ya anunciamos nosotros en noviembre de 2021, cuando pusimos de manifiesto el retraso injustificado y oscuro que estaba teniendo el gobierno municipal socialista al no sacar a licitación el contrato de limpieza diario y recogida de residuos”.

Según Pepa Rubia, “al llegar al gobierno en el 2019 no se había hecho absolutamente nada de los pliegos técnicos para el contrato de basura y, a pesar de las dificultades que tuvimos por la pandemia del Covid-19, pudimos dejar elaborado el Plan Estratégico de Residuos de la Ciudad de Granada (PERGRA); nuestros informes para la comisión de grandes contratos; el pleno extraordinario del mes de noviembre del año 2020 para aprobar el modelo de gestión, una gestión indirecta y con lotes separados; la consulta al sector sobre la estructura de costes; y el envío de este al consultivo de contratación de Sevilla”. Este proceso finalizó en el mes de julio, cuando se mandó el pliego técnico, el cual consta de más de 60 anexos que suman más de 1.200 folios en total en el área de contratación.

La edil Popular ha querido remarcar que para la elaboración de este pliego técnico se mantuvieron “más de 10 reuniones con los distintos grupos políticos para informarles del avance de los mismos y de su contenido, sin que en ningún momento el grupo socialista manifestara nada en contra”.

Falta de transparencia

A petición del Grupo del PP en las comisiones informativas de Medioambiente, se ha preguntado sobre este contrato, el porqué de este retraso y la falta de transparencia, ya que durante 9 meses no se ha mantenido ninguna reunión con este grupo para dar información al respecto. “Lo único que se nos ha dicho es que se quiere volver a unificar en un solo contrato lo que los técnicos del área de medioambiente habían separado en cuatro lotes diferenciados: ropa, aceite, pilas y vertedero”, ha explicado Pepa Rubia, quien ha aclarado que “esta separación se hizo para facilitar el acceso a empresas locales pequeñas a esta licitación -no solo a grandes multinacionales- y para dar cumplimiento a la ley de contratos del sector público, que habla de división en lotes cuando se permita”.

Los plazos marcados, según la previsión del anterior equipo de gobierno, eran que el pliego estuviese aprobado por Contratación en septiembre de 2021 y ya adjudicado en marzo de 2022, todo llevado a cabo con transparencia y con el acuerdo de todos los grupos políticos, que sabían cómo iba a ser el pliego y los plazos.

La concejal del PP se ha preguntado que “si esta es la justificación del retraso, no entendemos por qué se ha decidido por parte del gobierno del PSOE hacer ahora esta unificación, cuando son los mimos técnicos que la están elaborando los que habían dado su conformidad y, sobre todo, cuando ellos votaron a favor de un modelo de gestión en lotes separados en el pleno el mes de septiembre de 2020”.

En esta línea, Pepa Rubia se cuestiona que, “¿a quién perjudica este retraso y a quién beneficia? ¿Se está haciendo porque vamos a tener un mayor ahorro económico?” y ha subrayado que “queremos saber cuál es el motivo exacto que aporta el PSOE para justificar esta dejación de funciones, puesto que cada mes que pasa no tenemos ese ahorro que se estima en más de seis millones de euros y que podría ser incluso mayor si se cuenta con la estimación a la baja que las empresas normalmente hacen en este tipo de licitaciones”, algo que mucho más aún el precio del contrato.

Además, ha concluido Rubia, “estamos privando a esta ciudad de convertirla en una ciudad más moderna, más sostenible, y mejorar con ello la calidad del aire, puesto que el contrato estipula que toda la flota de vehículos de limpieza tiene que ser no contaminante”.

Respecto a este asunto, el portavoz César Díaz ha apostillado que “El Partido Popular lleva denunciando esta inacción y exigiendo diligencia desde el minuto uno del gobierno socialista de Francisco Cuenca y hemos dado lugar a que el interventor municipal haya elaborado este informe que destapa una dejación de funciones por parte del equipo de gobierno socialista y que lo alerta de responsabilidades legales”, ha destacado César Díaz, quien ha exigido “explicaciones” tanto al alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, como al responsable del Área de Mantenimiento, el edil Jacobo Calvo, “quienes tienen la obligación de tramitar la licitación”.

Por otra parte, “estamos también próximos al vencimiento del contrato del transporte público de la ciudad, el cual cumple el 24 de septiembre de este año, y llevamos advirtiéndolo desde julio, cuando el PP encargó a una consultora externa todo el procedimiento administrativo jurídico y técnico para dar soporte a una nueva concesión del transporte púbico a partir de este vencimiento”, ha aportado César Díaz sobre “un contrato que representa otros 40 millones de euros al año y del que, hasta el pasado pleno el mes de febrero, el Ayuntamiento no se había pronunciado sobre la conveniencia de la gestión indirecta”.

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