26 de agosto de 2022

En pleno verano, mientras media España está de vacaciones y la otra media planifica las suyas, ¿de qué hablan los granadinos y el resto de españoles cuando se sientan a charlar en cualquier lugar, protegidos del calor por ese maravilloso invento moderno que son los aparatos de aire acondicionado?

Algunos de ustedes creerán que hablamos de la subida brutal de la factura de la electricidad, de los casi 100 euros que cuesta llenar el depósito de carburante del coche o de lo poco que podemos echar al carro de  la compra del súper con un billete de 50.

Pues no, nuestro amado líder y presidente del Gobierno, que siempre está atento a la voz de la calle para pastorear por el sendero recto a su rebaño, sabe que nada de eso es lo que verdaderamente nos preocupa.

Cuando un par de parejas o un grupo de amigos se reúne para merendar o tomar unas cervezas, ya sea en su casa, en el bar o en la orilla de alguna de nuestras estupendas playas de la costa granadina, los comentarios que se oyen son muy distintos a los que usted o yo pudiéramos imaginar. La gente no habla de lo cara que está la vida, de las notas de sus hijos, de lo raro que fue el desgraciado último partido de liga ante el Español o de lo pesado que se pone Paco Cuenca saliendo todo el día en las fotos o tratando de convertirse en el protagonista central de todos los saraos.

No, si usted acerca una grabadora a las conversaciones de la gente, lo que oirá serán comentarios del tipo:

– ¿Cómo está el Caudillo en su nueva casa de Mingorrubio?

– ¡José Antonio se habrá quedado descansando, en la gloria, cuando se lo llevaron!

– Y si ahora sacamos también del Valle de los Caídos al fundador de la Falange, ¿dónde lo metemos?

– Oye, ¿qué dicen Largo Caballero y Lluís Companys? ¿Les gustaría a ellos trasladarse allí o les parece que es un sitio demasiado frío en invierno?

– Y Franco, ¿qué dice de todo esto?

Por ello, el presidente Sánchez ha recuperado por fin su proyecto de Ley de Memoria Democrática, que llevaba guardado un año en los cajones del ministerio de la Presidencia. En palabras de su antecesor socialista en el cargo, Rodríguez Zapatero,  la Ley de Memoria Democrática y su predecesora, la Ley de Memoria Histórica (2007), “perfeccionan” la democracia española. Amén.

¿Qué sería de los zapateros, sánchez, iglesias, garzones… de España si no hubiera existido el dictador Franco? ¿A quién le echaríamos la culpa de todo, casi medio siglo después de su muerte? Como bien declaró un día mi admirado Antonio Banderas: “En 1985, Franco llevaba más tiempo muerto que ahora”.

La Ley cuenta con el apoyo de los dos socios de gobierno, PSOE y Podemos, además de PNV y EH Bildu, el partido de los “chicos” del tiro en la nuca. Desgraciadamente, el partido de los separatistas de Esquerra no ha dado aún su visto bueno. El PP también votará en contra y Vox, además, anuncia que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Una vez entre en vigor, abre la puerta a juzgar los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se pudieran haber cometido durante el franquismo, anulando así de facto la Ley de Amnistía de 1977, de la que el PSOE fue su gran impulsor, junto a la UCD, el PCE y los nacionalistas del PNV y CiU.

El proyecto de ley habla de incorporar a la ESO y el Bachillerato el “conocimiento de la historia y de la memoria democrática española”. Se prevén multas de hasta 120.000 euros por exaltación del franquismo, por lo que, a partir de ahora, aconsejo a los profesores de Historia, a los de verdad, que eludan explicar los logros económicos y sociales del franquismo, dado que podrían incurrir en un grave delito.

En paralelo, el Ministerio del Interior mantiene congelada la reforma de la Ley de Víctimas del Terrorismo, que serviría para multar por los homenajes a etarras, un hecho demasiado recurrente en las tierras vascas.

La Ley de Memoria Democrática permite la retirada de títulos nobiliarios, subvenciones y hasta la supresión de asociaciones. Una vez más, la Asociación Francisco Franco vuelve a estar en el punto de mira, El PSOE y Unidas Podemos ya tienen pactada una «lista negra» de 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978. Entre ellos estaría el ducado de Calvo Sotelo, creado a título póstumo en recuerdo del ex ministro de Hacienda que fue asesinado cuatro días antes del inicio de la Guerra Civil. También desaparecerá el condado de la Cierva, creado en 1954 y concedido a Juan de la Cierva, el inventor español del autogiro, precedente del helicóptero. El inventor murió en el aeropuerto de Londres en diciembre de 1936.

 La ley propone una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, incluyendo el primer año de actuación de los GAL –la organización responsable de la “guerra sucia” contra ETA. Por contra, nada dice sobre los múltiples crímenes de la banda terrorista que aún siguen sin esclarecerse. Desde ahora, los etarras muertos hasta 1983 podrán ser víctimas indemnizables con el dinero de los impuestos de todos los españoles.

La nueva norma, que reemplazará a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, incorporará nuevas medidas de gran calado. Por ejemplo, la declaración de «ilegal» del régimen franquista. La consecuencia directa de la “ilegalización” del Régimen será la ilegalización de sus aparatos y operaciones, como los tribunales franquistas, lo que supone la nulidad de todas sus condenas para aquellos que lo soliciten.

Además, reconoce a las lenguas vasca, catalana y gallega como “víctimas” del franquismo, así como a las comunidades y a las culturas vasca, catalana y gallega, cuyos habitantes “fueron perseguidos por hacer uso de éstas”.