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El Ayuntamiento y la Subdelegación combaten la huelga de transportistas

Tiempo de lectura: 3 minutos

Ambas instituciones siguen la respuesta policial fijada por el Gobierno de Pedro Sánchez

Camioneros en huelga.

G. C. / Granada | 22 de marzo de 2022

El Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado desde el minuto uno de la huelga de transportes una respuesta policial, aunque en las últimas horas ha dado su brazo a torcer y ya ha ofrecido un paquete de ayudas de 500 millones. Y Granada se está significando de manera especial es cuanto a seguir esta directriz marcada por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que calificó a los manifestantes de “ultras” y afirmó que no pensaba reunirse con ellos. Tanto el Ayuntamiento de la capital como la Subdelegación del Gobierno están siguiendo la pauta fijada a nivel nacional. Con cerca de 25.000 agentes desplegados a nivel nacional, la Guardia Civil de Tráfico ha interpuesto alrededor de 120 denuncias en Granada por diferentes conceptos relacionados con el entorpecimiento de la circulación, principalmente en la Circunvalación, desde que comenzaron los paros de protesta convocados por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. Se han interpuesto por circular supuestamente a una “velocidad anormalmente reducida”, la mitad del máximo permitido, lo que en la Circunvalación de Granada se traduce en ir a 45 kilómetros por hora, han detallado fuentes policiales a Europa Press.

Y el Ayuntamiento de Granada también ha hecho frente común con la Subdelegación desplegando a la Policía Local para parar a los huelguistas a la entrada de la ciudad, amparándose en un decreto aprobado el lunes en el que se prohíbe la entrada a la capital «de los vehículos de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, cabezas tractoras de camiones y vehículos especiales». Y la Concejalía de Movilidad lo justifica en los «altos niveles de contaminación del núcleo urbano» sin mencionar en ningún momento la huelga de trasportistas.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada César Díaz ha calificado de sectaria la decisión del alcalde de prohibir la entrada de vehículos de más de 3500 kg a la capital “en un intento a la desesperada de tapar las vergüenzas de la dejación de funciones que el Partido Socialista está haciendo en La Moncloa mostrando su incapacidad para dar respuesta a la delicada situación económica que atravesamos”.

Declaraciones de Díaz que acusa al alcalde de coartar los derechos de libertad de expresión y de huelga de los camioneros y tractoristas ordenando a la Policía Local impedir su acceso a la capital a través de un decreto hasta el próximo 25 de Marzo.

“Hoy hemos conocido la peor versión de un alcalde que se dice demócrata y utiliza una institución como el Ayuntamiento de Granada para firmar un decreto con el que pretende callar las reivindicaciones que se están lanzándose por la simple razón de ser contra el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Hoy el alcalde ha demostrado su sectarismo y para qué o quién gobierna dando la espalda y cerrando las puertas de Granada a todos aquellos que, en su legítimo derecho, quieren alzar la voz. Paco Cuenca sienta hoy un precedente muy peligroso propio de otros tiempos pero acorde a la actitud de un Gobierno incómodo con el Estado de Derecho, incómodo en el Congreso y con todo lo que supone rendir cuentas a los españoles”.

Para el popular resulta bochornoso que el alcalde socialista Paco Cuenca se “agarre a la desesperada” justificando este decreto en motivos medioambientales por lo que exige al equipo de gobierno que justifique los estudios que prevén que hasta el próximo viernes los índices de contaminación ambiental van a ser altos en la ciudad de Granada. “Resulta demasiada casualidad que la restricción de movilidad coincida precisamente con las movilizaciones que están haciendo los camioneros y los tractoristas y que la semana pasada con los efectos de la calima, este gobierno socialista que se dice demócrata no tomara medida alguna contra la contaminación”.

Díaz además recuerda como no es la primera vez que diferentes sectores han hecho uso de vehículos de alto tonelaje en la capital para reivindicar lo que consideraron oportuno “con la diferencia de que no hubo intento alguno de coartar, amordazar y silenciar a nadie. Por entonces, y como responsable de la movilidad de esta ciudad mi obligación, y hoy la del señor Cuenca, fue respetar estos derechos y también la del resto de ciudadanos garantizando vías de evacuación y llegada a los centros sanitarios. Ahora nos encontramos ante esta decisión antidemocrática y ante una dejación de funciones cuanto menos vergonzosa”.

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