M. Zugasti / Agencias

“Rezar frente a las clínicas abortistas está genial”. Es el mensaje que han lucido cinco marquesinas en la ciudad de Granada la última semana, unos letreros que forman parte de una iniciativa nivel nacional contra las próximas reformas de la Ley del Aborto y del Código Penal.  La publicidad se puso el pasado 18 de enero y es ahora cuando el Ayuntamiento de Granada ha decidido retirar de marquesinas y soportes publicitarios la polémica campaña de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) al considerar que vulnera los derechos de las mujeres, aunque otros, como Madrid y Córdoba, la van a mantener.

Esta retirada de la publicidad se ha dado en todos los ayuntamientos gobernados por el PSOE en una iniciativa conjunta, siguiendo las tesis de la ministra de Igualdad Irene Montero que calificó esta iniciativa de “perversa”.

Desde la Asociación Católica de Propagandistas consideran que tratar de tumbar esta campaña constituye “un ataque contra la libertad de expresión” y lamenta lo que entiende como una censura hacia quienes “protestan contra la reforma del Código Penal y de la Ley del Aborto”.

Los controvertidos carteles, con el lema “Rezar frente a las clínicas abortistas está genial“, se colocaron en 250 soportes de 33 ciudades, en respuesta a la proposición de ley que se tramita en el Congreso para penalizar el acoso a las mujeres y los trabajadores de las clínicas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo.

Frente a los consistorios que han decidido pedir a las empresas concesionarias de los soportes publicitarios que la campaña sea retirada, otros han rechazado públicamente tomar esa medida.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado que el Ayuntamiento no tiene competencia para juzgar la opinión del anunciante y cree que debe prevalecer la libertad de expresión y el equipo de gobierno de Córdoba, formado por PP y Ciudadanos, ha alegado que no se incumple ninguna normativa de las que regulan la publicidad. Este lunes dieron el paso contrario Vigo, Pontevedra y Vitoria.

El Ayuntamiento vigués, encabezado por el socialista Abel Caballero, ordenó la retirada al considerar que se trataba de “propaganda sexista contraria a los derechos constitucionales”, según fuentes municipales. Una campaña “repulsiva” y “asquerosa”, según el consistorio de Pontevedra. Según explicó su portavoz, Anabel Gulías (BNG), un ayuntamiento “feminista” no tolerará iniciativas que “atentan contra la capacidad de decisión de las mujeres” sobre sus cuerpos.

En Vitoria pidieron la retirada los grupos municipales de EH-Bildu y Elkarrekin Vitoria y por la asociación Clara Campoamor y el Ayuntamiento, liderado por el PNV, encargó un informe al Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde.

Este organismo estimó que se podía vulnerar “el derecho de las mujeres a la protección de la salud sexual y reproductiva, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y al derecho a la integridad física y moral de las mujeres”.

En el municipio madrileño de Getafe también se van a retirar estos mensajes publicitarios pero en este caso, según han confirmado a Efe fuentes del Ayuntamiento, porque el tiempo de exposición contratado por la empresa anunciadora terminaba este martes.

No obstante, la teniente de alcalde de la localidad madrileña, Alba Leo (Podemos), ha publicado un tuit en el que confirma que se van a retirar esos mensajes antiabortistas de las marquesinas y agradece al movimiento feminista su denuncia de los mismos.

Ya la semana pasada, el Ayuntamiento de Murcia, encabezado por el PSOE, confirmó la retirada de la polémica campaña. En declaraciones a Efe, la concejala de Igualdad y Juventud, Teresa Franco, consideró “una pena” que haya asociaciones que ejerzan esta “forma de violencia hacia las mujeres criminalizando un derecho como es la capacidad de decidir si ser madre o no”.

La orden de retirada de los carteles también se ha dado en Gijón, Granada, Valencia y Valladolid, cuyo ayuntamiento está estudiando imponer una sanción a la empresa concesionaria de la publicidad en las marquesinas por haber instalado esta campaña sin contar con el visto bueno previo del supervisor del contrato, un paso previo obligatorio.

En un comunicado, la asociación e-Cristians ha tachado estas medidas de “censura”, “un ejemplo de la cultura de la cancelación” que huye del debate y busca callar al interlocutor multándole o amenazándole.