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La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado no ratificar la orden de la Junta de Andalucía para exigir el certificado Covid-19 de vacunación para visitar hospitales y centros sociosanitarios

El TSJA rechaza el pasaporte Covid.

M. Zugasti / Granada

El TSJA ha rechazado el pasaporte Covid que solicitó la Junta para acceder a las visitas en hospitales y centros sociosanitarios, una medida que sí se ha aprobado en otras comunidades como País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña y Navarra, que ya tienen el aval de la Justicia para poder exigir el pasaporte o certificado covid digital en sus territorios y contar con filtros para acceder a determinados espacios.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha acordado no ratificar la orden de la Junta de Andalucía relativa a exigir el certificado Covid-19 de vacunación o prueba diagnóstica en personas que acuden a los centros sanitarios y a residencias “al no contar con una limitación temporal de su vigencia”, según ha recogido Europa Press.

Así lo ha anunciado el alto tribunal andaluz en un comunicado en el que aclara que, “pese a considerar que la medida planteada por la Junta de Andalucía cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y que hay una escasa entidad de la restricción de los derechos fundamentales, no ratifica la orden al no contar con una limitación temporal de su vigencia”.

En este sentido, la resolución del TSJA señala que la justificación de la medida no debe ceñirse a su proporcionalidad, necesidad e idoneidad, sino que “igualmente debe contener una motivación suficiente acerca de su vigencia en el tiempo”.

TSJA rechaza el pasaporte Covid para residencias y hospitales que propone la Junta y pide límite temporal para avalarlo

Esta resolución contradice la opinión de la Fiscalía Superior de Andalucía, que mostró este miércoles su respaldo a la implantación del certificado covid propuesto por la Junta de Andalucía para acceder a centros sanitarios y sociosanitarios alegando que esta medida “debe ser ratificada”, ya que cuenta con “habilitación legal suficiente y resulta proporcionada ante la compleja situación de riesgo sanitario en la que aún nos encontramos”.

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