D. G. / Granada

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado los beneficios que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) va a suponer para la capital, el cinturón y la provincia de Granada en general con una norma que favorece el crecimiento ordenado de los municipios, ofrece seguridad jurídica a los ayuntamientos y fortalece el cumplimiento de las normas urbanísticas permitiendo que alrededor de 40 mil viviendas irregulares de la provincia cuenten con un marco normativo para regularizar su situación.

La ley, que atiende a la diversidad de municipios, crea la figura del Plan Básico, más simple y con menor contenido para los municipios menores a 10.000 habitantes que no sean litorales y no formen parte de aglomeraciones urbanas, salvo que la planificación territorial considere la conveniencia de su aplicación por lo que 103 municipios, el 60% de los granadinos, podrán redactar un Plan General Básico.

“3 de cada 5 municipios de Granada podrán aprobar en 3 años sus PGOU gracias a la LISTA que hace más sencillo el urbanismo, y lo hace no desregularizando el sector, sino estableciendo reglas claras y sencillas, adaptadas a la realidad, fáciles de entender y aplicar. Por eso establece claramente dos tipos de suelo, el rústico y el urbano. La LISTA regula y ordena por fin el suelo rústico en Granada resolviendo la situación a los propietarios de viviendas irregulares prescritas, no permitiendo asentamientos irregulares, solucionando los que existen, y ofreciendo oportunidades a la Andalucía vaciada. Será mucho más fácil vivir en los pueblos”.

Saavedra ha destacado como se pone fin a más de 20 años de caos urbanístico en Andalucía, con el desbloqueo de los PGOU y el cumplimiento de una demanda histórica de alcaldes, instituciones, promotores y particulares.

Desarrollo de los municipios

Junto al popular, el secretario del área de Urbanismo y Ordenación del Territorio del PP granadino, Antonio Granados, ha hecho hincapié en como “la LISTA es una oportunidad de desarrollo para los pequeños municipios, frena la despoblación, regula por fin el suelo rústico, resuelve la situación a los propietarios de viviendas irregulares y acaba con 20 años del laberinto burocrático que dejaron los socialistas, que acabaron convirtiendo la ordenación del territorio en un auténtico caos legislativo que ha obstaculizado enormemente una buena planificación del territorio andaluz y que ha permitido más de 350.000 viviendas irregulares”.

Granados ha puesto como ejemplo, como un promotor que quisiera desarrollar un proyecto tenía que pasar por 235 textos legales, algunos contradictorios entre sí. “Ahora el camino que abre la nueva ley es más seguro y ágil y ofrece seguridad jurídica también a los inversores. Tres de cada 5 ayuntamientos andaluces no cuentan con un PGOU aprobado por culpa de la maraña normativa de los socialistas. De hecho, casi 500 PGOU han sido anulados o suspendidos parcialmente en los tribunales, con la pérdida de dinero y de oportunidades que supone para cualquier ayuntamiento”.

Asimismo, ha destacado como con la LISTA, los PGOU que tardaban una media de 8 a 10 años ahora podrán aprobarse en 3 años, permitiendo así desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios, favoreciendo su crecimiento ordenado con nuevos equipamientos, viviendas sociales, espacios verdes y planes de desarrollo adaptados a su realidad.

“La LISTA es una ley esperada y demandada históricamente por toda la sociedad andaluza. Una ley consensuada, moderna y pionera en España que llevará el urbanismo y la ordenación del territorio al siglo XXI incorporando la sostenibilidad y la sensibilidad medioambiental”.

Para terminar, la vicesecretaria del Partido Popular de Granada, y también alcaldesa de Cájar, ha destacado como estamos ante una “ley transformadora, verde, que protege el patrimonio histórico y natural, la idiosincrasia y paisaje humano de cada municipio. Una ley profundamente municipalista que da respuesta a un enorme problema que alcaldes de todos los partidos políticos hemos estado sufriendo durante muchos años con una norma que es fácil de entender y fácil de aplicar”.

Una ley que, ha añadido, fortalece la inspección y la disciplina urbanística al crearse el cuerpo de subinspectores y la figura del Plan Básico de Ordenación Municipal, especialmente diseñada para municipios de interior con menos de 10.000 habitantes y que no formen parte de aglomeraciones urbanas.

“Se ayuda a frenar por tanto la despoblación de nuestros pueblos, especialmente de los municipios más pequeños. Ahora será más fácil vivir en los pueblos. Ahora será más fácil vivir en el campo de forma legal, en viviendas unifamiliares aisladas y evitando la parcelación.  En el suelo rústico se podrán construir viviendas unifamiliares aisladas, siempre y cuando los ayuntamientos aprueben la Actuación de transformación urbanística presentada por los particulares. Ya no será necesario el requisito de uso agropecuario como condición para acoger una vivienda, que ha derivado durante años en la trampa de construir supuestas casas de aperos cuando realmente se construían segundas residencias”.