El bailarín y coreógrafo granadino irá a juicio por tráfico de drogas, así lo ha decretado el juez de Instrucción número 48 de Madrid

Redacción / Granada
El bailarín y coreógrafo granadino Rafael Amargo está protagonizando lo que parece una secuela de ‘Breaking Bad’. Amargo irá a juicio por tráfico de drogas. Así lo ha decretado el juez de Instrucción número 48 de Madrid, que ha cerrado la causa contra el artista concluyendo la investigación penal al considerar que “hay suficientes indicios” para enjuiciarles, tanto a él como a su mujer y dos de sus socios, por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, y pertenencia a grupo criminal, según ha adelantado Europa Press.
El instructor Juan Ramón Reig ha acordado así transformar las diligencias contra Rafael G. H., Luciana D. M. B., Juan Eduardo S. B. y Manuel Ángel B. A. en un procedimiento abreviado para iniciar los trámites para que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid, según el auto al que tuvo acceso Europa Press.
Rafael Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 en el marco de la operación Codax. Junto a él, fue arrestada la pareja del artista y el asistente de producción de ‘Yerma’, Eduardo Santos. Tras declarar ante el juez y en contra de la petición del fiscal de que ingresaran en prisión, quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares, con la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado. Amargo y los otros detenidos negaron los hechos de los que se les acusa.
El magistrado ha dado ahora traslado al Ministerio Público y a las acusaciones particulares personadas a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio o bien el sobreseimiento de la causa. Todo ello, aclara el auto, sin perjuicio “de que puedan reclamar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación”.
El ‘modus operandi’
En el auto, el magistrado instructor recoge que los investigados en la causa “actuaban de común acuerdo en la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, en especial metanfetamina, a terceros”. Y sitúa el desarrollo de la actividad “en la vivienda que Rafael G.H. compartía con Luciana D.M.B.”.
Relata la resolución cómo operaban los investigados a la hora de vender las sustancias estupefacientes. Al domicilio de Rafael y Luciana “los compradores accedían tras pulsar el botón del portero automático correspondiente o bien realizar una llamada telefónica”. “Tras breves minutos en el domicilio, salían del inmueble portando la sustancia adquirida, que por la cantidad intervenida en los supuestos en que fueron interceptados, excedía de la que puede considerarse para autoconsumo”, agrega el texto judicial. Apunta también que la distribución de sustancias estupefacientes “se realizaba utilizando ‘mulas’, principalmente a través de Manuel Ángel B. L”.
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