M. Zugasti / Granada

La antigua sede de Emuvyssa en la calle Lepanto, junto al Ayuntamiento de Granada, ha sido desalojada por la Policía Nacional y se han vivido situaciones tensas con las familias, ya que estas se aferraban a que llevaban ya días allí y la Policía Nacional que era una actuación in situ. Se da la circunstancia de que entre las familias había niños que, en el momento del desalojo, se encontraban en el colegio. Por su parte, la abogada que ha asistido a las personas que se encontraban en el inmueble ha asegurado que cualquier desalojo habría sido ilegal porque no había orden judicial. Pero la Policía Local ha asegurado que pueden actuar en caso de una “ocupación ilegal de personas que conviven en un edificio sin titularidad”.

De hecho, una de estas familias abandonó de motu propio el albergue municipal en el que se alojaban hasta hace unos días, bajo la supervisión de los Servicios Sociales, para trasladarse al edificio de la calle Lepanto. Al final se ha originado un notable tumulto con la llegada de asociaciones contra los desahucios y han salido todos los ocupantes del edificio ahora propiedad de la Fundación San Francisco Javier, excepto una mujer que abandonó una casa de acogida la semana pasada y un hombre.

Finalmente ha habido cargas de los agentes contra los activistas ante su negativa a despejar la zona y la Policía Local ha mediado también en el conflicto, mientras que desde el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las familias diversas soluciones. También en las redes ha habido convocatorias en la que se ha pedido que se acuda a la calle Lepanto para frenar la intervención.

Finalmente se ha llegado a un acuerdo por el que varios de los ocupantes y cinco menores permanecen en el inmueble junto a personal de seguridad, mientras que cinco adultos y dos menores quedan a disposición de servicios sociales.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, César Díaz ha asegurado que la ocupación de un edificio en la calle Lepanto junto al Ayuntamiento de Granada prueba la fallida gestión del área de Derechos Sociales. Tal y como ha detallado el edil, “hoy hemos sido testigos del desalojo parcial de un edificio situado a espaldas del Ayuntamiento que, hasta hace unos meses, era de propiedad municipal y que precisamente fue vendido gracias a la gestión del PP en el consistorio tras años de intentos fallidos.

Tras conocer que varias familias se alojan en este espacio, el edil ha pedido al equipo de Gobierno una solución habitacional para estas personas con carácter urgente a la vez que se repara el derecho a la propiedad privada de los dueños de esta edificación. “Entendemos que si hay familias con niños pequeños éstas tienen que ser atendidas correctamente por los Servicios Sociales municipales cuya gestión, a todas luces, está fallando, pero, lo que no podemos defender nunca es que la solución sea pegar una patada a una puerta y tomar un edificio”.

Así, el edil ha pedido al Gobierno de Cuenca que encuentre una solución cuanto antes. “Llevamos meses contemplando la inacción del área de Derechos Sociales que hoy se ha hecho más patente que nunca” ha explicado el edil quien asegura que a esto se suma la evidente situación de inseguridad ciudadana de una ciudad a la deriva por la inacción de un alcalde dedicado a todo menos a gestionar.

“¿Dónde están todas las medidas que el alcalde iba a impulsar para mejorar el área de Derechos Sociales y los servicios sociales municipales de este Ayuntamiento?” se ha preguntado el edil quien asegura que en casi siete meses el PSOE de Francisco Cuenca no ha hecho nada por mejorar un área que, además, criticó incansablemente cuando era gestionada por el concejal tránsfuga, José Antonio Huertas. “Ahora es el momento de demostrar todo lo que supuestamente sabían hacer y que, a todas luces, era simplemente humo”.